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Por decreto, Macri redujo las pensiones por invalidez y muerte por accidentes de trabajo

En medio del relanzamiento de campaña del presidente Mauricio Macri, este lunes aprobó una medida inesperada al modificar un índice del cual se calcula las indemnizaciones por accidente de trabajo.

Este lunes, el Gobierno Nacional anunció en el Boletín Oficial la reducción de las indemnizaciones por invalidez, resultantes de accidentes de trabajo. La medida fue aprobada por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y justificó las modificaciones por presuntos «incrementos desmedidos» de esos resarcimientos.

A través del DNU 669, aprobado por el presidente Mauricio Macri, se estableció que «desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado».

Hasta hoy, el índice que se tomaba en cuenta para actualizar la indemnización hasta el momento del cobro era el de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, un índice mayor.

Por ejemplo, el RIPTE de todo el 2018 fue de 27,72%, contra un 40,63% de la tasa activa del Nación.

Otro punto polémico es que esta medida tendrán vigencia retroactivamente, ya que en el artículo 3 establece que «se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante».

Denuncian un nuevo ajuste en las prestaciones de discapacidad

La medida, publicada en el Boletín Oficial, limita la cantidad de días y sesiones a las que pueden acceder las personas con discapacidad. Para las organizaciones del sector, esto significa un recorte en los tratamientos.

El Gobierno anunció limitaciones a las prestaciones básicas de salud para personas con discapacidad que, según denuncian organizaciones vinculadas al sector, suponen un recorte en algunos tratamientos. En Argentina, son dos las formas bajo las cuales se brinda rehabilitación: en centros de salud categorizados, es decir, con una estructura administrativa similar a la de una clínica donde el prestador es la institución; y en poli-consultorios, donde un grupo de profesionales trabaja en conjunto con los pacientes, pero, en los papeles, cada uno es un prestador individual.

A través de la Resolución 1231/2019 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicada el 4 de septiembre en el Boletín Oficial, se estableció que se pagará, como máximo, tres días de terapia por semana en instituciones reguladas o hasta seis horas semanales de tratamiento de, como máximo, tres profesionales distintos para la atención independiente. Esta regulación entrará en vigencia a partir de enero de 2020 para quienes ya estén en tratamiento, en tanto que ya es de efectiva aplicación para las nuevas terapias.

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Argentinos con discapacidades dicen 'no' a los ajustes en ayudas oficiales

El colectivo de personas con discapacidad y los profesionales que los atienden se manifestaron este martes en Buenos Aires para decir 'no' a los ajustes en ayudas oficiales que padecen, que vulneran sus derechos y los exponen a servicios cada vez más precarios.
"No al ajuste en discapacidad" y "Nosotros también votamos" son algunos de los emblemas que se podían leer en la tradicional Plaza de Mayo en manos de personas con limitaciones, familiares de estos y organizaciones que les prestan servicios.
"Las organizaciones estamos preocupadas porque vemos que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y los programas de atención a las personas con discapacidad vienen sufriendo recortes día a día", expresó el presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), Daniel Ramos, organismo suscrito al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El 12,9 % de los argentinos padece una "dificultad o una limitación permanente" (DLP), lo que se traduce en unos 5 millones de personas, mientras que un 32 % de la población está en situación de pobreza.
Entre los reclamos, el colectivo demandó "una respuesta inmediata a las personas (con discapacidad) en situación de pobreza, una solución urgente para beneficiarios del Programa Incluir Salud -que es necesario para que las personas sin ingresos con DLP tengan acceso a una cobertura de Salud-, no a la quita injustificada de pensiones, pago de los servicios brindados, adecuación de aranceles y trabajo para las personas con discapacidad".
Actualmente, "hay unos 100.000 trámites de pensiones que están demorados esperando una resolución", recalcó Ramos.

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